26/08/2015
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA ENTREGA CIFRAS INÉDITAS DEL SISTEMA PENAL Y LLAMA A COORDINAR ESFUERZOS
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dio a conocer hoy –miércoles 26 de agosto de 2015- un reporte estadístico con las cifras de procedimientos de juicios penales (que tramitan los juzgados de Garantía y tribunales de Juicio Oral en lo Penal), con el objetivo de contribuir a la transparencia del sistema y coordinar los esfuerzos para establecer políticas públicas eficaces en los temas de control de la delincuencia y seguridad.
En la ceremonia, realizada en la explanada del Centro de Justicia de Santiago, estuvieron presentes la ministra de Justicia, Javiera Blanco;el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa; el defensor nacional (s) Carlos Mora; el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo; el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey; el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, entre otras autoridades, junto a representantes de institutos y centros de estudios y facultades de derecho del país.
La iniciativa, impulsada por el ministro Muñoz, busca convocar a autoridades de gobierno, parlamentarios, académicos, jueces, representantes de la sociedad civil y de organizaciones que trabajan desde la esfera no gubernamental en el tema penal, a conversar con "los datos sobre la mesa", para impulsar mejores políticas en la materia.
Las cifras estarán disponibles para toda la comunidad en una aplicación para consultar datos, denominada"Tablero penal", que se mantendrá manera permanente en el portal web del Poder Judicial y que será actualizada periódicamente.
En ese sentido, fue el llamdo que formuló el presidente del máximo tribunal del país a "poner los datos sobre la mesa; a hacer un análisis ajustado a la realidad, impulsándonos a adoptar determinaciones de manera informada, conforme a la verdad imperante, evitando confusiones, percepciones, aprovechamientos de distinto tipo o endosando responsabilidades propias a otros", dijo.
Sergio Muñoz insistió en que "resulta indispensable explicar las veces que sea necesario, que la sociedad chilena, encabezada por los poderes colegisladores (gobierno y parlamento) establecieron una nueva institucionalidad para la investigación y sanción de las conductas delictuales. Se reaccionó ante la existencia de un sistema inquisitivo, que desconocía los derechos de los intervinientes, a uno acusatorio o adversarial, en el que se pretende reconocer por igual, las garantías a todos los que toman parte del proceso penal".
"Una ciudadanía informada es la condición de una democracia sana y solo de modo informado, es que vamos a ser capaces de prevenir y derrotar al delito. En ese camino, hemos iniciado un trabajo con la sociedad civil para que nos indique qué antecedentes del Poder Judicial necesita conocer. Hoy, quiero presentarles el primer fruto de este trabajo. Un primer reporte, que esperamos se perfeccione con la labor de todos. En este sentido, escucharemos y corregiremos todos los datos que sean necesarios", agregó.
Respecto de la comisión de delitos, el ministro Muñoz dijo que "los poderes colegisladores están llamados a identificar aquellas conductas que transgreden los valores socialmente relevantes, precisando los bienes jurídicos que deben ser protegidos, disponiendo que su vulneración constituye una acción criminal. Sin ley, no hay delito ni pena. De ahí que el primer eslabón del sistema de justicia penal lo construye el legislador".
"Tras la implementación exitosa de la reforma procesal penal, la labor de nuestros tribunales es pasiva, y está supeditada a la actividad de los restantes intervinientes. Hoy los jueces no investigan los delitos, no reúnen las pruebas y no les corresponde perseguir a los criminales. Los tribunales son imparciales en el control y evaluación de esta labor y solamente deben resolver escuchando a fiscales y defensores. El titular exclusivo de la acción penal es el Ministerio Público, los fiscales. Ellos son quienes reciben todas las denuncias y persiguen a los eventuales criminales", añadió.
Cifras
De la totalidad de las denuncias que reciben los fiscales, las policías y los tribunales, solo un pequeño porcentaje finalmente se transforma en una "causa" para el Poder Judicial, el que recibe al año: 579 mil 896 causas en los juzgados de Garantía, una proporción menor de la cantidad de denuncias que registran tantos las policías como el Ministerio Público.
"Un 39% de las audiencias que dirigen los tribunales, no son audiencias de juicio, sino audiencias en las que el Ministerio Público pone en conocimiento de algún imputado que se dirige una investigación en su contra (audiencias de formalización), o en las que se debe evaluar la legalidad de una detención", dijo el presidente Muñoz.
De un millón 677 mil 131 audiencias penales realizadas en 2014, un 19% corresponde a controles de la detención y un10% a audiencias especiales de formalización.
Medidas cautelares
Según indican las cifras, señaló, dos conclusiones se imponen: por una parte, los tribunales acceden mayoritariamente a las solicitudes de prisión preventiva requerida por el Ministerio Público y, por otra, también en un número importante de casos se consideran legales las detenciones que realizan las policías.
El presidente indicó, además, que durante 2014 se celebraron un total de 311.960 audiencias de control de la detención. Cifra en la que se incluye tanto los casos motivados por flagrancia como por una orden judicial. De este total, solamente en el 0,8% de las audiencias se decretó la ilegalidad de la detención.
"Se descartan, de este modo, las afirmaciones recurrentes relacionadas con el rechazo de la prisión preventiva o la declaración de la ilegalidad de la detención. No hay mano blanda, no hay exagerado garantismo, los delincuentes no quedan libres al pisar los tribunales", afirmó el presidente.
La máxima autoridad judicial del país agregó que "se impone otra explicación adicional. Conforme a las determinaciones legislativas, al declararse la ilegalidad de una detención igualmente el imputado puede ser formalizado, es posible que se solicite la prisión preventiva a su respecto y ante la negativa a concederla, el Ministerio Público puede deducir recurso de apelación en la audiencia, queda el imputado preso y la Corte de Apelaciones resuelve en definitiva".
Asimismo, explicó que "durante el 2014, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 44.200 imputados. De estas solicitudes, finalmente el sistema judicial rechazó decretarla en 631 casos; esto es, el 1,4% de las peticiones de prisión preventiva. En efecto, los tribunales de primer grado (juzgados de Garantía) acogieron el requerimiento en 38.618 casos; esto es, el 87%, mientras que en 5.582 casos, equivalente al 13% del total de solicitudes, se rechazó la prisión preventiva".
De los 5.582 casos en que se denegó la prisión preventiva en primera instancia, el Ministerio Público y querellante apelaron en un 20%; lo que equivale a 1.145 casos.
Sobre qué tipo de delito son los que mas se persiguen en Chile, el presidente reseñó que se judicializan mayoritariamente cuatro clases de ilícitos: lesiones (atentados a la integridad física de las personas); Faltas (infracciones menores, que son castigadas principalmente con multa); hurtos (situaciones en que sin mediar violencia, intimidación, sorpresa, ni ingresos violentos a inmuebles, una persona priva a otra de algo que le es propio), y amenazas.
Sentencias
Según las estadisticas oficiales, en 2014 se dictaron 180.624 sentencias. De las cuales, un 89,8% fueron condenatorias; en tanto, solo el 10,2% restante fue absolutoria. Asimismo, de los 579.896 ingresos penales que registro el Poder Judicial el 2014, un 0,88% correspondió a delitos de robo con intimidación, un 0,63% a robos con violencia y un 0,3% a delitos de homicidio.
Durante el mismo periodo, ingresaron 11.472 causas a los tribunales orales para realizar un juicios propiamente tales, cifra que corresponde al 2% del total ingresado.
Al finalizar el presidente Sergio Muñoz señaló que las causas que se judicializan reflejan problemas sociales complejos, "con múltiples orígenes y no debemos cerrar los ojos ante eso. No se puede abordar esta temática sin considerar sus causas, las nuevas realidades sociales, los cambios que se han vivido en el país y en las comunidades contemporáneas. Si no se mira de esta forma, todo esfuerzo será focalizado y de restringido impacto".
"La delincuencia en sí es un fenómeno que corresponde enfrentar con determinación, el cual tiene ribetes complejos. Sobre la base del comportamiento real del sistema es posible buscar soluciones. Ahora, con los números en la mano, podemos efectuar un análisis que deje de lado la percepción, las simples afirmaciones y las justificaciones de cada institución", agregó.
"Ahora, tenemos una herramienta que nos permitirá mirar a fondo la reforma procesal penal, que unido al análisis de cada institución posibilitará examinarla sistemáticamente, puesto que la responsabilidad estatal y republicana nos exige construir un diagnóstico compartido de nuestro sistema penal", concluyó.
