La comisión fue encabezada
por el ministro de la Corte
de Apelaciones de Arica, Marcelo Urzúa, y estuvo integrada por la magistrada
Paulina Zúñiga, del Juzgado de Garantía de Arica; y el juez Eduardo Rodríguez,
del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, además de la relatora del tribunal de
alzada Jacqueline Cofré y el secretario (s) Alexis Castillo, quien actuó como
ministro de fe.
Luego del exhaustivo
análisis de los antecedentes proporcionados por Gendarmería, a través de sus
respectivos comités de conducta, los integrantes de la comisión decidieron
otorgar el derecho a 83 postulantes, lo que equivale al 35,32% del total de
solicitudes presentadas. En tanto, la comisión rechazó 152 solicitudes, lo que
corresponde al 64,68%.
“La normativa establece que
es un derecho que tiene una persona privada de libertad, si reúne todos los
requisitos establecidos en el Decreto Ley”, dijo el ministro Urzúa.
Esta entidad es regida por
el Decreto Ley Nº 321, que establece los requisitos para otorgar el derecho de
la libertad condicional: a) cumplimiento efectivo de la mitad de la condena que
se le impuso por sentencia definitiva; b) haber tenido conducta intachable en
el establecimiento penal; c) haber aprendido un oficio si hay talleres donde se
cumple la condena y d) haber asistido con regularidad a las escuela y
conferencias educativas del penal.
La última vez que sesionó la Comisión de Libertad
Condicional fue en octubre del año pasado, cuando revisó 311 solicitudes de los
condenados de las unidades penitenciarias de Arica. En dicha oportunidad, la
comisión decidió acoger la solicitud de 146 postulantes, lo que equivale
al 46,9% del total. En tanto, esta comisión denegó el derecho a 160 internos
que no cumplían con alguno de los requisitos establecidos en la legislación.
Según se informó, cinco de estas solicitudes no fueron analizadas, porque los
internos ya se habían trasladado a otros penales del país o ya habían
recuperado su libertad.
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