El Departamento de Extranjería y Policía Internacional detuvo en Arica a dos comerciantes peruanos que aprovecharon su condición de tránsito permanente entre Chile y Perú, para incursionar en el delito de tráfico de migrantes.
Los extranjeros fueron interceptados por la policía civil tras facilitar el ingreso ilegal a territorio nacional a una ciudadana dominicana de 29 años, quien también fue detectada por la PDI.
Tras reconocer su responsabilidad en el Juzgado de Garantía de Arica, Javier Quispe Chambilla (30) y Julia Carita Aquino (32) fueron sentenciados en un procedimiento abreviado.
La policía estableció que estos extranjeros se desempeñan habitualmente como cachineros o contrabandistas que llevan desde Chile productos que el Perú prohíbe, principalmente ropa americana.
Los extranjeros fueron interceptados por la policía civil tras facilitar el ingreso ilegal a territorio nacional a una ciudadana dominicana de 29 años, quien también fue detectada por la PDI.
Tras reconocer su responsabilidad en el Juzgado de Garantía de Arica, Javier Quispe Chambilla (30) y Julia Carita Aquino (32) fueron sentenciados en un procedimiento abreviado.
La policía estableció que estos extranjeros se desempeñan habitualmente como cachineros o contrabandistas que llevan desde Chile productos que el Perú prohíbe, principalmente ropa americana.
El jefe regional de Polint, subprefecto Christian Villalobos Gatica, señaló que “estas personas quisieron aprovechar sus viajes a Chile para diversificar el negocio, facilitando el ingreso ilegal de extranjeros a territorio nacional. Pero nuestros sistemas de control impidieron que sus intenciones pudieran prosperar”.
En 2015 Policía Internacional detuvo a 21 personas por el delito de tráfico de migrantes. El mismo año la PDI detectó a 764 extranjeros que ingresaron a Chile en forma clandestina.
La policía ha detectado organizaciones criminales internacionales que llegan a cobrar hasta mil dólares para ingresar a una persona al país a través de pasos fronterizos no habilitados.
“Van cambiando su forma de operar, por cuanto saben que tenemos la capacidad para detectarlos”, afirmó el subprefecto Villalobos.
El delito de tráfico de migrantes, contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, castiga con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de hasta 100 UTM al “que con ánimo de lucro facilite o promueva la entregada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente”.
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